La autocrítica es siempre un signo de madurez, en las personas pero también en las empresas o en los sectores de actividad. La madurez en este sentido parece haber llegado al inmobiliario. Cada vez son más las personas y las organizaciones empeñadas en ello. La semana pasada tuvimos un nuevo ejemplo en las páginas de algunos de los medios más influyentes. El presidente de los promotores madrileños, Juan Antonio Gómez-Pintado, aprovechó su presencia en una jornada organizada por el IESE para dejar muy clara su opinión: "el sector inmobiliario adolece de una "enorme resistencia a la innovación y al cambio", nuestro sistema de producción de viviendas es "ineficiente" o "es el componente oportunista de nuestro sector el que favorece esta resistencia al cambio". En la misma línea se manifiesta Juan Velayos, consejero delegado de Neimor, para quien "nos falta estructura y tamaño para buscar alternativas de financiación y conocimiento de como funciona el sistema financiero".

La semana pasada fue pródiga en indicadores optimistas, tres en concreto. El primero, de la tasadora Tinsa: el precio de la vivienda en España mostró en febrero un incremento interanual del 2,7 %. El segundo, del instituto Nacinal de Estadística (INE): en 2015 la contratación de hipotecas creció casi un 20 %. Y el tercero, del Ministerio  de Fomento: La concesión de visados aumentó un 42,5 % el pasado año. Por otro lado, uno de los nuevos y más activos agentes del sector, las socimis, han triplicado sus beneficios en 2015, hasta llegar a los 251,2 millones de euros.

El optimismo ha compartido protagonismo con las dudas derivadas de la incertidumbre política. Standard&Poor's, el Servicio de Estudios del BBVA y la empresa Crédito y Caución han dejado a las claras su opinión sobre los nocivos efectos de la situación creada tras la últimas elecciones legislativas: de mantenerse tendrá serias consecuencias sobre la estabilidad del sector. Para la agencia de calificación, estas debilitarían la recuperación económica. Para la entidad financiera, retrasarían las decisiones de compra. Y para la aseguradora de crédito, afectarían las inversiones inmobiliarias.